La Plataforma por la Reindustrialización Territorial, integrada por COEVAL (Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida), IBIAE (Asociación de Empresarios Foia de Castalla) y FEDAC (Federación Empresarial Alcoià-Comtat) ha pulsado la realidad de empresas de diferentes tamaños y de estos territorios para conocer los costes económicos que les está suponiendo responder con responsabilidad a los casos positivos que se dan entre sus empleados, así como la puesta en marcha de protocolos de seguridad para evitar contagios en sus instalaciones. La Administración no es consciente de la cantidad de sobrecostes que están afrontando las empresas en esta pandemia.
Algunas compañías están acudiendo a clínicas privadas para hacer pruebas PCR cuando se detectan posibles positivos o hay dudas en cuanto a los síntomas porque no pueden esperar a que se hagan a través de la sanidad pública, puesto que el tiempo de respuesta no es rápido. Otras han efectuado cribados masivos a sus plantillas. Detectar positivos tiene como consecuencia la baja del trabajador hasta que transcurre el periodo legal de confinamiento en casa y retorna a su puesto.
Además, si un empleado da positivo y cumple con el protocolo establecido regresa a su lugar de trabajo a los 10 días con el alta. Sin embargo, este vuelve sin que una prueba constate que ya no posee carga viral. En este caso, si la empresa no desea correr ningún riesgo debe repetir esa prueba para certificar que efectivamente está en condiciones y que no contagiará al resto de la plantilla.
En multitud de centros de trabajo las precauciones y la seguridad se han extremado, evitando que haya contactos estrechos entre los empleados mediante la instalación de mamparas separadoras de metacrilato. Todas las zonas están ventiladas y para algunas tareas se hacen turnos con el objeto de distanciar grupos de trabajo. Ha habido empresas que, incluso, han colocado medidores de oxígeno y difusores de ozono.
Un coste importante asumido por los empresarios son las mascarillas, tanto las denominadas quirúrgicas como las FFP2. Cada jornada de trabajo el trabajador recibe las unidades pertinentes para ese día. A su vez, también han hecho acopio de geles para la higiene de manos en puntos de referencia, pantallas de protección faciales, alfombrillas especiales para suelas de zapatos, aparatos de medición de temperatura corporal, etc.
El teletrabajo, con el consiguiente coste en la adecuación de los sistemas y programas informáticos, es otro instrumento utilizado en muchas de las firmas consultadas. De esta forma, una división administrativa de la empresa tiene a una parte realizando sus tareas en casa y otra en las propias instalaciones. No obstante, esto no es aplicable a las unidades productivas de una planta con máquinas. Ahí ha habido que contratar y formar con el fin de evitar que una línea se detenga como consecuencia de bajas por Covid-19 o contacto estrecho con positivo, lo cual incrementa la carga salarial para no paralizar la producción.
Alguna compañía ha ido más lejos, alquilando furgonetas o pequeños camiones para desplazar productos entre sus fábricas. Así las cosas, impiden la coincidencia de dos personas en un mismo vehículo y en un espacio tan reducido.
Todas las medidas anteriormente citadas suponen importantes sobrecostes económicos para las empresas, que inciden tanto en una menor productividad como en un elevado incremento de los gastos. En consecuencia, la Administración tendría que tener en cuenta este tipo de cuestiones y ser consecuente. Estos costes añadidos pueden ser soportados durante un periodo de tiempo, pero no de forma indefinida ya que todas las empresas no tienen el mismo músculo económico.